Fuente: La Nueva – La Ley de Asociaciones Civiles sancionada en la provincia de Buenos Aires en septiembre del año pasado dispone de una serie de beneficios para estas entidades mientras dure la emergencia sanitaria. La norma las declara de Interés Público, correspondiéndoles la Tarifa Cero para los servicios públicos, impidiendo por consiguiente su corte; entre otros derechos.
En el marco de la pandemia, el Club Social y Deportivo Huracán de Necochea, recibió reiteradas amenazas de corte de luz, motivo por el cual presentó un amparo ante la Justicia buscando que se cumpla lo dispuesto en la Ley. El 28 de abril, se emitió el fallo dando lugar al pedido y prohibiendo el corte del suministro, acorde a lo establecido por la legislación vigente.
El Juzgado Contencioso Administrativo de Necochea resolvió «Hacer lugar la medida cautelar solicitada por los fundamentos expuestos precedentemente, ordenando a la Usina Popular Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea «Sebastián de María» a que se abstenga de cortar o/suspender el servicio eléctrico con respecto a los Medidores a nombre del Club Social y Deportivo Huracán de Necochea, hasta tanto en la provincia de Buenos Aires se mantenga en Emergencia Sanitaria producto del Covid-19, conforme art. 5 de la Ley Provincial 15.192″.
Los clubes de barrios, sociedades de fomento y organizaciones comunitarias en general tienen beneficios impositivos, tarifarios y documentales. Es así como pueden acceder a la Tarifa Cero de servicios públicos, exenciones tributarias, gratuidad de servicios bancarios y jurídicos, a la protección de sus inmuebles determinando su inembargabilidad e inejecutabilidad y a condonación de deudas; entre otros beneficios.
A partir de su reglamentación, se pudieron individualizar 8.000 asociaciones civiles declaradas de interés público a las cuales les correspondería el beneficio de Tarifa Cero automáticamente. El listado con la nómina fue remitido a los diferentes entes reguladores y las empresas para su aplicación inmediata. Además, se difundió un censo virtual para poder individualizar otras 8.000 instituciones, las cuales se desconoce su domicilio actual y, por ende, su número de servicio.
En paralelo, diversas empresas de servicios públicos y cooperativas presentaron recursos administrativos ante el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos para no cumplir la norma.
Este fallo sienta jurisprudencia sobre una ley que fue acompañada por más de 7.000 asociaciones civiles de la Provincia y pone en valor la función social de estas entidades.